Locales

PARA BROMISTAS DEL 911
Debe aplicarse la ley cuanto antes

El diputado Marcelo Torres Cofiño, quien el año pasado promovió esta iniciativa, reconoció que una de las justificaciones para modificar la ley y crear mecanismos de sanción, fueron las propias quejas de las autoridades estatales, quienes en algún momento indicaron que además de las llamadas de broma, se dieron cuenta que en el pasado integrantes de la delincuencia organizada hacían mal uso del sistema para medir los tiempos de respuesta de las autoridades.

“Estuvimos analizando y justificando la modificación del Código Penal de Coahuila para que se tuviera un mecanismo de sanción, por lo que se decidió establecer mecanismos de arresto supervisado y multas administrativas para quienes de manera repetitiva hacen este tipo de bromas”, explicó.

Sin embargo, al enterarse de que no se han iniciado siquiera los mecanismos de sanción y que el número de llamadas de broma no ha bajado, hace un llamado a los titulares de las corporaciones de seguridad y rescate, para que inicien los procedimientos que ameriten este tipo de conductas.

“Lamentablemente esta conducta no va a disminuir, hasta que la población vea que existen consecuencias, por eso urge que se aplique la legislación y que se dé a conocer que en Coahuila no se puede jugar con los servicios de emergencia que nos cuestan mucho y que se requieren para ocasiones reales”, puntualizó Torres Cofiño.

ES CUESTIÓN DE EDUCACIÓN              Y CIVISMO

El diputado del PRI, Jaime Bueno Zertuche, hizo un llamado a la población para evitar este tipo de conductas que afectan y atentan contra las instituciones involucradas en brindar los servicios de emergencia, pues destacó que es un tema de educación y un acto de civismo hacer buen uso de la infraestructura para la cual se han destinado millones de pesos a favor de todos los coahuilenses.

“Si bien es cierto, corresponde a las autoridades realizar las investigaciones y sancionar a quien comete este delito, es precisamente es en este momento tan complicado para todos por la actual pandemia del Covid-19, que cada uno de nosotros debe corresponder también haciendo lo que nos toca, y lo mejor que podemos hacer como ciudadanos es apoyar a nuestras autoridades, que están trabajando mucho en estos momentos”, explicó.

Bueno Zertuche invitó a la ciudadanía a denunciar de manera anónima este tipo de prácticas y que colabore con las autoridades para frenar esta problemática.

“No sería necesario denunciar a nadie si todos hiciéramos conciencia, los coahuilenses nos distinguimos por ser respetuosos, ordenados y ahora es un buen momento de demostrarlo”, puntualizó.

NECESARIO CAPACITAR A PERSONAL

El diputado Emilio de Hoyos Montemayor, presidente de la junta de Gobierno, recordó que desde junio del año pasado está tipificado el delito del uso indebido de los sistemas de emergencia, estableciendo penas que van desde los seis meses hasta los dos años de libertad condicional vigilada; y multas que van desde los 500 a los mil salarios mínimos.

Ante esta particular situación, el legislador de UDC señaló como necesario capacitar a los titulares de los sistemas de emergencia y a los agentes del Ministerio Público para que se pueda verdaderamente llevar a la práctica la legislación que fue aprobada con el objetivo de eliminar la problemática de las llamadas en falso.

“Son los encargados de los sistemas de emergencia, quienes tienen la obligación del presentar las denuncias ante el Ministerio Público y éstos a su vez realizar las investigaciones necesarias para dar con los responsables y aplicar las sanciones correspondientes”, puntualizó.

Lamentó que cada vez sean más las llamadas en falso a los sistemas de emergencia y que se ocasione la movilización de los cuerpos de seguridad pública y de urgencias médicas.

“Lamentamos que estos actos generen costos altos para nuestros sistemas, y lo que más impacto tiene es que con estas llamadas se dejen de atender verdaderas urgencias, poniendo en riesgo a la población que en realidad pueda necesitar un servicio como tal”, agregó el representante del Congreso de Coahuila.

PARA SABER
Hace un año, el Congreso del Estado aprobó el Dictamen por medio del cual se adicionó el artículo 345 bis al Código Penal de Coahuila de Zaragoza, que reglamenta la imposición de libertad vigilada y multa a quien utilice indebidamente los números telefónicos de emergencia destinados a atender emergencias en la población para dar un aviso que resulte falso y que provoque la movilización o presencia de personal de emergencia.

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